Por Gabriel Díaz
El 3 de enero de 2026 quedará marcado como un día histórico tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en una operación denominada Resolución Absoluta. Estados Unidos llevó a cabo bombardeos en distintas ciudades de Venezuela, causando graves daños a la infraestructura del país, incluyendo la destrucción total del mausoleo donde reposaban los restos del expresidente Hugo Chávez.
La operación se ejecutó alrededor de las 2:00 de la madrugada, hora local, mediante el ingreso de helicópteros y fuerzas especiales estadounidenses, destacándose la participación de la unidad Delta Force, responsable de la captura de Maduro y de su esposa. Pese al poder militar de Estados Unidos, la facilidad con la que se llevó a cabo la operación ha generado serias interrogantes.
El presidente Donald Trump afirmó en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago que no hubo bajas estadounidenses y que se trató de una “extracción rápida”. Sin embargo, resulta cuestionable que un jefe de Estado, respaldado por las Fuerzas Armadas y sectores de la población, fuera capturado sin resistencia significativa ni enfrentamientos prolongados.
A partir de este escenario surgen dos posibles explicaciones. La primera es una traición desde el círculo más cercano de Maduro. Trump reconoció la existencia de un informante dentro del gobierno venezolano que facilitó información clave. Aunque no reveló su identidad, se especula que pudo tratarse de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Esta teoría se refuerza con declaraciones del propio Trump, quien afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo conversaciones con Delcy Rodríguez, en las que esta habría aceptado colaborar con el gobierno estadounidense.
La segunda posibilidad es que Maduro, presionado por Estados Unidos, haya negociado su entrega junto a su esposa a cambio de beneficios judiciales, incluyendo una posible reducción de condena, así como cooperación con las autoridades estadounidenses mediante declaraciones contra figuras del régimen.
Más allá de estas hipótesis, la cuestión central es el verdadero interés de Estados Unidos en Venezuela. En su rueda de prensa, Trump hizo especial énfasis en el petróleo venezolano, alineándose con su histórica defensa de la Doctrina Monroe, que prioriza los intereses estadounidenses en el continente.
Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela expropió empresas petroleras estadounidenses, un asunto que durante años no fue confrontado de manera directa por Washington. Hoy, resulta evidente que el objetivo principal no ha sido la liberación del pueblo venezolano, sino el control de su industria petrolera y de sus reservas de tierras raras.
En ese mismo contexto, Trump descartó entregar el poder a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, ganadores de las elecciones de 2025, afirmando que María Corina no contaba con el respaldo necesario para liderar una transición, lo que plantea serias dudas sobre el compromiso estadounidense con la democracia venezolana.
La caída del régimen, además, facilita la deportación masiva de venezolanos desde Estados Unidos y abre la puerta a una explotación directa de los recursos del país. Si bien la salida del régimen era necesaria, los métodos empleados no fueron los adecuados, y el costo para Venezuela será profundamente elevado.
