El segundo mandato de Donald Trump ha despertado una ola de preocupación tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Mientras en el extranjero los analistas observan con inquietud su distanciamiento de aliados tradicionales y su acercamiento a líderes como Vladimir Putin, en casa se intensifican las alarmas sobre posibles amenazas a la propia democracia estadounidense.
Desde los tribunales hasta los medios de comunicación y las universidades, varios sectores clave del sistema democrático han sido objeto de presión, restricciones y ataques por parte de la administración Trump. Diversos expertos y sectores de la sociedad civil advierten sobre un “efecto amedrentador”, en el que expresarse libremente o cuestionar al poder se vuelve cada vez más riesgoso.
Entre las medidas más controvertidas se encuentran las deportaciones masivas, el despido de miles de empleados públicos liderado por Elon Musk desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), y la orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados. Varias de estas acciones han sido impugnadas en los tribunales, pero el propio Trump ha respondido descalificando públicamente a jueces y pidiendo incluso su destitución.
En un caso reciente, tras una orden judicial que suspendía la expulsión de venezolanos, el presidente calificó al juez responsable como un “lunático de izquierda radical” y se negó inicialmente a acatar la decisión. Solo después de la intervención del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, la Casa Blanca dio señales de cumplimiento, aunque no sin tensiones.
El sector legal también ha sido blanco de represalias. La firma Jenner & Block, vinculada a investigaciones pasadas contra Trump, fue incluida en una lista negra que le prohíbe contratos con el gobierno federal, acceso a edificios oficiales y la retirada de habilitaciones de seguridad para sus empleados. Otras oficinas de abogados han sido presionadas para abandonar políticas internas sobre diversidad e inclusión.
La prensa no ha quedado fuera del embate. Medios consolidados como Associated Press han sido excluidos de ruedas de prensa, mientras la administración tomó control directo del grupo de prensa de la Casa Blanca, limitando el acceso y favoreciendo a medios afines. Esta decisión ha sido señalada como un duro golpe a la transparencia y a la función crítica del periodismo independiente.
En el ámbito académico, el gobierno ha retirado más de 400 millones de dólares en contratos federales a la Universidad de Columbia, alegando falta de acción frente a supuestos incidentes de antisemitismo. La medida ha sido interpretada por el personal docente como una coacción directa para censurar contenido académico y regular la expresión política en el campus.
Todo este panorama ha llevado a expertos como Dafydd Townley, profesor de política estadounidense en la Universidad de Portsmouth, a advertir que Trump está debilitando activamente los pilares democráticos del país: el poder judicial, la prensa libre y las universidades. “La democracia en Estados Unidos no enfrenta una amenaza externa como en el pasado. Hoy el peligro viene desde dentro”, afirmó Townley.
Mientras la polarización se profundiza y crece el temor entre ciudadanos, académicos y defensores de derechos, queda una pregunta en el aire: ¿podrán los contrapesos institucionales resistir el embate o se impondrá un nuevo modelo de poder sin frenos ni balances?
