Por Patrick Colón
En el orden mundial contemporáneo, los grandes bloques geopolíticos se han convertido en la unidad fundamental de organización del poder. Estructuras como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Unión Europea, los BRICS o el Mercosur no funcionan únicamente como foros diplomáticos, sino como mecanismos de coordinación militar, económica y estratégica. En un mundo crecientemente multipolar, ningún Estado —por grande que sea— puede competir de manera sostenida sin algún grado de integración regional.
El Mercosur, creado en 1991, es un ejemplo ilustrativo de esta lógica. Concebido como un mercado común, agrupa a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con el objetivo de facilitar el libre comercio, armonizar normas y fortalecer la posición colectiva de sus miembros. En otro plano, la OTAN, fundada en 1949, articula una defensa colectiva entre 32 países, garantizando la seguridad de sus integrantes mediante una doctrina común de disuasión y respuesta. Aunque responden a naturalezas distintas, ambos bloques confirman una realidad estructural del siglo XXI: la articulación continental es hoy una condición de relevancia geopolítica.
Desde hace décadas, diversos analistas sostienen que este siglo pertenece a los grandes bloques regionales. Esta tendencia comenzó a gestarse durante la Guerra Fría y se consolidó con el ascenso de China, India y otras potencias emergentes. El progresivo desgaste del orden unipolar y el cuestionamiento al dominio de Washington han llevado a múltiples países a organizarse conforme a intereses compartidos, ya sea para equilibrar poder, proteger mercados o asegurar recursos estratégicos.
En este contexto, el mundo hispano presenta una paradoja evidente. Existen múltiples mecanismos de cooperación —la Cumbre Iberoamericana, la CELAC, el Mercosur, la Alianza del Pacífico, el Parlacen, entre otros—, pero ninguno articula una integración plena de los pueblos hispanos. No se trata de una teoría conspirativa, sino de una constatación geopolítica: una integración profunda alteraría equilibrios regionales y globales, y por ello enfrenta resistencias tanto externas como internas.
Las cifras ayudan a dimensionar el potencial. Existen cerca de 600 millones de hispanohablantes en el mundo, de los cuales más de 500 millones tienen el español como lengua materna, convirtiéndolo en el cuarto idioma más hablado del planeta. México por sí solo concentra más de 130 millones de hablantes. A ello se suma el peso económico de las diásporas: en 2022, el PIB generado por migrantes indocumentados alcanzó aproximadamente 3.7 billones de dólares, lo que equivaldría a la quinta economía mundial. En el plano militar, varios países hispanos figuran entre los ejércitos más relevantes según el ranking Global Firepower: España (puesto 17), México (32), Argentina (33), Colombia (46) y Chile (47). Fragmentados, ya poseen capacidad; coordinados, su peso sería cualitativamente distinto.
Desde el punto de vista productivo, Hispanoamérica representa alrededor del 7% del PIB global. Su estructura económica, aunque dispersa, es estratégicamente relevante: produce cerca de 5.5 millones de vehículos al año, aproximadamente 9 millones de barriles de petróleo diarios, más de 350 mil millones de dólares en exportaciones energéticas, alrededor del 40% del cobre mundial, 45% de la plata, 55% del litio, y participa con cerca del 15% del comercio global de alimentos. Todo ello se logra sin una política industrial común, sin cadenas regionales de valor integradas y sin coordinación tecnológica profunda.
A esta ecuación debe incorporarse el componente lusófono. Brasil, con más de 200 millones de habitantes, es la mayor economía de América Latina y miembro fundador de los BRICS. Lidera sectores clave como la agroindustria, la minería y la producción automotriz, y es un actor energético de escala global. Portugal, por su parte, con 10 millones de habitantes, forma parte de la Unión Europea, es líder en energías renovables, productor estratégico de litio y posee una industria agroalimentaria especializada. No es menor recordar que España y Portugal formaron una sola monarquía entre 1580 y 1640, periodo en el que se reforzaron intercambios administrativos y culturales, ni que el español y el portugués mantienen entre un 60% y 80% de comprensibilidad lingüística, una ventaja civilizatoria singular en el sistema internacional.
Una integración total —similar al modelo europeo, con normas comunes, mercado único, coordinación fiscal y seguridad compartida— se vuelve viable cuando la afinidad cultural se traduce en capacidad material organizada. Un mercado integrado de más de 400 millones de personas permitiría economías de escala industriales, cadenas regionales de suministro, reducción de costos de transacción, mayor previsibilidad regulatoria y una capacidad real de negociación frente a Estados Unidos, China y la Unión Europea. Asimismo, disminuiría el riesgo país mediante instituciones comunes y reglas creíbles, transformando recursos dispersos en soberanía colectiva.
La cuestión central, entonces, no es si el mundo hispano posee los elementos necesarios, sino por qué aún no ha convertido ese potencial en poder estructurado. En una era definida por bloques continentales, la fragmentación ya no es una posición neutral: es, cada vez más, una desventaja estratégica.
