La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó ayer martes la entrada en vigor de una ley de Texas que permite detener a migrantes en su territorio, una bofetada para la Casa Blanca, que advierte que causará «caos» en la frontera con México.
El fallo llega menos de 24 horas después de que un magistrado de ese tribunal extendiera el bloqueo a la llamada ley SB4, que faculta a las fuerzas de seguridad de Texas a arrestar a migrantes en el estado que no puedan comprobar que cruzaron la frontera legalmente.
Pero la autorización podría ser provisional, ya que la batalla judicial proseguirá en tribunales inferiores.
La normativa, que convierte en un delito estatal la entrada ilegal en el territorio, prevé penas de hasta 20 años de prisión y autoriza a los jueces la expulsión de migrantes a México.
El estado de Texas está gobernado por el republicano Greg Abbott, un gran admirador de Donald Trump, probable rival del presidente demócrata Joe Biden en las presidenciales de noviembre.
El gobierno de Biden se opone firmemente a la ley de Texas, entre otras razones porque considera que se extralimita en sus prerrogativas.
La política migratoria es competencia del gobierno federal y no de los estados de forma individual, repiten los demócratas desde hace meses.
– «Caos y confusión» –
«Estamos fundamentalmente en desacuerdo» con la Corte Suprema porque la ley «no sólo hará que las comunidades de Texas sean menos seguras, sino que también sobrecargará a las fuerzas del orden y sembrará caos y confusión en nuestra frontera sur», protestó la Casa Blanca en un comunicado.
«Es un ejemplo más de funcionarios republicanos que politizan» la crisis migratoria, añadió.
México fue tajante al criticar la medida: La ley «atenta contra los derechos de los migrantes», a quienes «criminaliza y discrimina», se quejó la canciller Alicia Bárcena en la red social X.
En un comunicado, la cancillería cuestiona las «disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas».
Pero el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no piensa quedarse de brazos cruzados.
«Participará como Amigo de la Corte ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito» para transmitir información sobre el impacto de la ley «en la comunidad mexicana y/o mexicoamericana» y «en las relaciones entre México y Estados Unidos», informó la cancillería.
La normativa, aprobada por el Senado de Texas y promulgada por Abbott, debía entrar en vigor a inicios de marzo pero fue bloqueada varias veces.
Primero por un juez federal de distrito. Después un tribunal de apelaciones dictaminó que podría aplicarse a no ser que la Corte Suprema decidiera lo contrario. Fue entonces cuando el magistrado Samuel Alito la dejó en suspenso de forma indefinida.
Hasta este martes, cuando la Corte Suprema en pleno opinó lo contrario. No obstante, los tres magistrados progresistas discreparon.
«Hoy la Corte invita a más caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración», escribió la jueza Sonia Sotomayor.
Las oenegés también han mostrado su rechazo.
El fallo judicial «plantea amenazas significativas a las libertades civiles y el tejido social de Texas y la nación» debido a que esta ley «es un paso atrás», afirma la Eagle Pass Border Coalition, un colectivo promigrantes, en un comunicado.
El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) afirma estar, asimismo, «indignado».
«Los impactos horribles y claramente inconstitucionales de esta ley en las comunidades de Texas son aterradores», denuncia la abogada del ILRC Jennefer Canales-Pelaez en un comunicado.
– «Un avance positivo» –
La crisis migratoria es uno de los temas candentes de las elecciones presidenciales.
Trump amenaza con expulsar masivamente a los migrantes si gana los comicios. «Envenenan» la sangre del país, «están matando» a Estados Unidos, repite en sus mítines, en una retórica compartida por Abbott.
El gobernador está satisfecho con el fallo judicial. «Es claramente un avance positivo», afirmó en X.
Para el fiscal general de Texas, Ken Paxton, la normativa legal permite al estado defender la «soberanía sin entrar en conflicto con la ley federal».
Los republicanos culpan a Biden de no hacer lo suficiente para frenar la llegada récord de migrantes, mientras que la Casa Blanca acusa a los conservadores de sabotear un intento bipartidista de encontrar una solución.
Y es que la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, se niega incluso a votar este texto, que incluye restricciones que ellos mismos han pedido, por considerarlo demasiado laxo.
