Expertos y activistas de derechos humanos pusieron en duda el martes el censo penitenciario que está elaborando Ecuador, con toma de muestras biométricas y genéticas de los presos, frente a los cuestionamientos surgidos por la firma del consentimiento y la información que se entrega a los reos sobre el uso de sus datos.
El gobierno ecuatoriano informó el domingo la creación de un censo que crea perfiles individualizados de la población carcelaria y aseguró que tiene fines forenses para verificar la identidad y actualizar la información que tiene el sistema penitenciario de los reclusos.
Para ello, desde el 21 de febrero comenzó en las 16 cárceles del país un proceso de recogida de muestras que incluye fotografías de tatuajes y cicatrices, huellas dactilares, iris de los ojos y, además, material genético, según el comunicado difundido por el ente responsable de las cárceles.
Este proceso de recopilación de datos personales derivó en una polémica por los cuestionamientos sobre si los presos habían dado su consentimiento y si habían sido informados de las implicaciones.
Monserrat Fernández, activista de derechos humanos y docente de la Universidad Central, dijo el martes a la AP que aunque las poblaciones carcelarias hayan dado su consentimiento, no está claro si han sido informadas de que esos perfiles también ofrecen datos como “enfermedades, tendencias de salud e incluso ciertos perfiles psiquiátricos”.
“Tenemos derecho a nuestra privacidad y eso incluye a nuestros marcadores genéticos, que podrían convertirse en una suerte de factor de discriminación en el futuro”, añadió.
ante futuros delitos
Fernández recalcó que las muestras recogidas también “podrían convertirse en una suerte de prueba cuando haya futuros delitos”.
Por su parte, Luis Ángel Saavedra, de la organización de derechos humanos INREDH, en declaraciones a The Associated Press, cuestionó cuál sería “la garantía sobre el uso de esta información genética, qué solo se pueda usar con fines de criminología?” y que no se está construyendo un banco biogenético que se pueda usar con otros fines y que “viole la intimidad de las personas”.
El Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó la víspera que 98% de los presos han dado su consentimiento para que sus datos ingresen a la base de perfiles genéticos y que también está integrada con información de policías, militares y efectivos de organismos de seguridad.
El organismo forense indicó que la toma de muestras se realiza mediante un hisopado bucal y que hasta ahora los técnicos han recogido material genético de 3.794 reclusos de cinco prisiones de una población carcelaria de alrededor de 30.000 presos en todo el país.
El abogado litigante José Luis Guerrero dijo a AP que desde la perspectiva jurídica es meterse en “un tema personal, íntimo” y que el proceso no respeta las leyes de protección de datos, por ejemplo. No obstante, ante la situación que vive el país, “es correcto que les tomen los perfiles para reconocer los cuerpos cuando les matan».
Añadió que lo que está en evidencia es el “tema de la bioética y de eso estamos completamente en pañales en Ecuador”.
Entre otras aplicaciones, las autoridades apuntaron a que la base de datos permitirá identificar a las víctimas de las frecuentes masacres que se producen en el interior de las cárceles del país por el enfrentamiento entre bandas ligadas al narcotráfico y otros delitos.
Desde 2021 se registra en el país andino una crisis carcelaria que ha dejado al momento más de 10 motines sangrientos y un saldo de cerca de 500 reclusos asesinados, algunos de ellos quemados y desmembrados, según la Secretaría de Atención de Privados de la Libertad. El más violento se produjo en septiembre de ese año cuando 119 reclusos fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral, considerada la cárcel más peligrosa de Ecuador.
