Los principales partidos de oposición exigieron ayer a la Junta Central Electoral (JCE), adoptar una serie de medidas de garantías electorales que permitan el ejercicio del derecho ciudadano al sufragio, en un clima democrático, para elegir sus autoridades con las garantías que establece la Constitución.
El documento entregado a la JCE está firmado por los candidatos presidenciales de los partidos Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández; de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez ; del Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas; de Opción Democrática (OD), Virginia Antares, y de Generación de Servidores (GENS), Carlos Peña.
También firman los presidentes de los partidos Bloque institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba; Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez; Demócrata Institucional (PDI), Ismael Reyes, y Socialista Cristiano (PSC), Soraya Aquino.
Consideran que es una obligación de la JCE, garantizar un clima de libertad, transparencia, equidad y objetividad en la contienda electoral del próximo 19 de mayo. “Estos principios rectores, en lo esencial, estuvieron ausentes en la jornada electoral del pasado 18 de febrero”, expresan al referirse a las elecciones municipales y distritales.
Sostienen que el “Partido Revolucionario Moderno (PRM), y su gobierno, dispusieron del aparato del Estado para vulnerar todas estas normas electorales, de manera descarada y sin el más mínimo rubor”, y que se impuso “un resultado electoral municipal manipulado, en el que no se permitió que la voluntad popular se expresara libremente en las urnas”.
“Las autoridades electorales permitieron, por omisión, que, mediante el uso abusivo del Poder, y ante la mirada indiferente o cómplice de la Policía Militar Electoral, el partido de gobierno se apoderara de los espacios físicos donde se ejerció el sufragio”, expresa el documento.
Se resalta, que “en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), se expresa preocupación por la compra de votos en las elecciones municipales”.
Jefe Policía Electoral y director Juntas Electorales
La oposición solicita a la JCE, en su condición de organizador y árbitro del proceso electoral, para impedir que se repitan las mismas acciones, que
«En virtud de la inacción de la Policía Militar Electoral frente a los delitos electorales ocurridos en los recintos electorales, así como varias acciones llevadas a cabo por los mismos que cuestionan su imparcialidad y rol, que el actual jefe de la Policía Militar Electoral sea removido y en su lugar sea designada otra persona, con el consenso de todos los partidos del espectro opositor».
Además, suspender o reubicar fuera del ámbito electoral al director general de Juntas Electorales, Ramón Urbáez Mancebo, por su evidenciada parcialidad y complicidad con el PRM en el proceso electoral del 18 de febrero.
Asimismo, emitir una resolución en la que se regule de forma clara cuál es el procedimiento que se debe seguir para la revisión de votos nulos y observados, así como para el reconteo de votos, ya que en los pasados comicios varias Juntas Electorales efectuaron procesos cuestionables.
Entrega recursos económicos a los partidos
«Hacer cumplir de inmediato lo dispuesto en el artículo 224, de la ley 20-23, de Régimen Electoral, entregando a los partidos el monto equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales del gobierno en los años electorales, a más tardar treinta días antes de las elecciones, tal como ha sido la práctica habitual de desembolsar la totalidad de los fondos entre enero y abril en los años electorales», propone.
Considera que de esta manera, se evita que el gobierno asfixie económicamente a los partidos de oposición mientras utiliza descaradamente los recursos del Estado.
También reestructurar o intervenir las juntas electorales que incurrieron en parcialidad manifiesta en la administración del proceso electoral de sus respectivas jurisdicciones.
«La JCE debe reasignar en las juntas electorales, a los funcionarios de los colegios electorales, en coordinación con los delegados de los partidos políticos para garantizar la equidad y el equilibrio en su conformación», agrega.
Plantea también sustituir a los presidentes y secretarios de colegios que violentaron los derechos de los delegados y suplentes, e igualmente a aquellos que en los colegios las actas de resultados de ambos niveles de elección presentan serios e inexplicables descuadres.
Límite uso y abuso recursos del Estado
«Adoptar varias medidas cautelares en la que se limite el uso y abuso de los recursos del Estado, como lo prohíbe la ley 20-23 de Régimen Electoral, en sus artículos 209, 210 y 211, prohibiendo la creación de nuevos programas sociales, eliminando todas las vallas del candidato presidencial del PRM que se han colocado en lugares contratados y pagados con fondos de la publicidad gubernamental, entre otras», detalla el documento.
Agrega que además se debe hacer una campaña más eficaz de motivación del voto. «Esta debe ser una campaña publicitaria amplia que de ser posible involucre a figuras del arte, de la cultura, del sector privado, de los deportes, de la música y del espectáculo, lideres religiosos entre otras personalidades que sumen sus voces a ese llamado cívico de votar, entre otras medidas más para ese mes.
En tanto que solicita desde el día primero del próximo mes la JCE emita duplicados de cédulas gratuitas hasta las 6:00 de la tarde del sábado 18 de mayo, con la finalidad de dificultar la compra de cédulas.
Advierte que se debe garantizar que previo a desdoblar las boletas del nivel presidencial para ser contadas, se verifique que la cantidad de boletas que hay en cada una de las urnas, presidencial, senadores y diputados, coincidan en los tres casos con la cantidad de electores que aparecen registrados con sus firmas respectivas en el padrón de electores del colegio electoral.
«Dónde haya diferencia con la cantidad de electores que figuran en el padrón como votantes, se procede a lo previsto en estos casos», precisa.
Exige también a la JCE hacer una campaña de concientización que eduque acerca de que la venta de la cédula es un delito electoral.
Precisa que para mayo, los policías y militares que no estén al servicio de la Policía Electoral, estén acuartelados en sus respectivas instituciones por lo menos 24 o 48 horas antes del día de las elecciones.
