Por Junior Acosta
Productor Voces del Yuna.
En República Dominicana, la política sigue siendo rehén de la impunidad y el oportunismo. A pesar de los discursos de renovación y cambio que llevaron al Partido Revolucionario Moderno (PRM) al poder, hoy vemos cómo muchos de sus funcionarios incurren en las mismas prácticas que criticaron con vehemencia cuando estaban en la oposición.
Desde hace meses, figuras clave del gobierno como Yayo, Welinton, Carolina, David, han iniciado una campaña política a destiempo, desafiando abiertamente la Ley Electoral con actividades proselitistas disfrazadas de “reuniones y eventos especiales” que se multiplican por todo el país, en clara violación de los plazos establecidos por la Junta Central Electoral. ¿Dónde quedó el respeto a las reglas del juego democrático?
Lo más preocupante es que estas actividades no solo alteran el equilibrio político, sino que además comprometen recursos del Estado.
El presupuesto nacional, que debería estar orientado al bienestar colectivo —salud, educación, seguridad, servicios básicos— es desviado para financiar estas campañas encubiertas. Se vulnera así el sagrado principio de que el dinero del pueblo no puede ser utilizado para fines partidistas.
Resulta paradójico, por no decir hipócrita, que quienes ayer condenaban el uso de recursos públicos con fines políticos hoy repliquen los mismos vicios.
El PRM, cuando era oposición, denunciaba la inequidad electoral y exigía transparencia y equidad. Hoy, desde el poder, muchos de sus funcionarios parecen haber olvidado esos principios.
Esta práctica no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que profundiza el cinismo social: el mensaje implícito es que las leyes solo se respetan cuando conviene, y que el poder sirve más para garantizar la continuidad política que para transformar realidades.
Es hora de que los organismos competentes actúen. La Junta Central Electoral debe ejercer su rol regulador con firmeza y sin favoritismos. Y la sociedad civil, la prensa y los ciudadanos debemos alzar la voz.
La democracia dominicana no puede seguir siendo un teatro donde las reglas se aplican según quién las rompa.
Si el cambio prometido por el PRM es auténtico, debe comenzar por respetar la ley y honrar la palabra empeñada.
