El Tapón del Darién, una zona selvática de 17.000 kilómetros cuadrados, que conecta Colombia y Panamá, ha sido en estos últimos años una ruta de paso recurrente para los migrantes. Datos recabados por la ONU muestran que, en su mayoría, se trata de ciudadanos de origen venezolano que han sido sometidos a malos tratos, abusos o amenazas durante un trayecto que puede llegar a prolongarse hasta diez días.
Desde 2021, casi 900,000 personas han cruzado esta selva, con más de medio millón de casos sólo en 2023, según las estadísticas del servicio de Migración panameño, que dan cuenta también de más de 36,000 cruces en enero de 2024. La media de edad ronda los 33 años, pero uno de cada cinco son menores de edad y prácticamente la mitad de las personas entrevistadas por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) confirma que viaja con toda la familia.
Por procedencia, un 68 por ciento son originarios de Venezuela, si bien para el 46 por ciento su último país de residencia ha sido Colombia, según este estudio, que pretende arrojar una imagen aproximada de la situación en la zona. El motivo más citado para emigrar desde el país de origen es la violencia y la inseguridad (61 por ciento), seguido de la necesidad de buscar un empleo (57 por ciento), si bien este último aspecto destaca entre las razones para abandonar el lugar último de residencia.
Para nueve de cada diez migrantes, Estados Unidos es el objetivo final, mientras que apenas el 1 por ciento quiere quedarse en Panamá. Las oportunidades económicas mueven al 50 por ciento de las personas entrevistadas por ACNUR, si bien también suponen un factor de movilización la reunificación familiar (40 por ciento) o encontrarse con amigos (29 por ciento).
VÍCTIMAS DE ABUSOS
La mitad de los migrantes afirma que se informó de la travesía a través del testimonio de amigos y familiares y un 56 por ciento admite que pagó a alguien para que le guiara por la selva. Las ONG han denunciado de manera reiterada el papel de estas redes de tráfico de personas, que terminan abusando de su poder sobre unas personas que tardan una media de tres días en cruzar de Colombia a Panamá.
Tres de cada cinco ha sufrido malos tratos o abusos durante el viaje y casi seis de cada diez ha sido víctima de robos o fraude. Al recordar su tránsito por la selva, un 72 por ciento confirma que le ha impactado el nivel de inseguridad, mientras que un 13 por ciento señala que tenía miedo a perderse.
De hecho, una de las incógnitas de este territorio inhóspito es cuántas vidas se ha cobrado. Un 18 por ciento de las personas consultadas por ACNUR en enero cita entre las situaciones que más le han afectado en su viaje el hecho de haber visto cadáveres –entre uno y siete en la semana previa a la recolección de los datos, según la ficha técnica de la encuesta–.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que desde el año 2014 habrían muerto o desaparecido unas 380 personas en el Tapón del Darién, pero se trata únicamente de una estimación. Los servicios migratorios panameños tienen identificadas 226 víctimas desde 2019, pero tampoco se atreven a dar una cifra aproximada global.
La directora de Migración, Samira Gozaine, reconoció en un reciente foro que «nunca se conocerá el número real». Personas, según sus propias palabras que «perdieron la vida en el intento por tener una mejor vida y que nunca serán repatriados a sus casas, porque sus cuerpos se los tragó la selva».
La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció en un reciente informe el nivel «extremo» de brutalidad al que eran sometido los migrantes, advirtiendo de que en una única semana de febrero sus equipos habían atendido a 113 personas por agresiones sexuales, entre ellas nueve menores. La ONG teme que la tendencia vaya incluso a más, en un contexto marcado también por la impunidad con la que suelen operar los atacantes.
Una docena de hombres armados basta para retener a un grupo de varios cientos de migrantes a los que amenazan y agreden, incluso delante de sus familias. Negarse a acatar las órdenes, puede suponer un castigo aún mayor, como cuenta el coordinador general de MSF en Panamá y Colombia, Luis Eguiluz: «Diversos migrantes nos han detallado cómo los que se negaban a colaborar eran asesinados a tiros».
