POR LUIS M. GUZMAN
A lo largo de las últimas seis décadas, las remesas enviadas por la diáspora dominicana se han convertido en uno de los pilares más estables de la economía nacional. Desde los modestos envíos informales de los años sesenta hasta los flujos digitalizados del presente, este fenómeno ha sido tan constante como la migración misma.
En 2024, el país recibió más de 10,700 millones de dólares en remesas, representando aproximadamente el 7% del PIB. No es exagerado decir que muchas comunidades sobreviven gracias a esta transferencia de riqueza.
Sin embargo, la propuesta legislativa impulsada por el presidente Donald Trump, que busca imponer un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas por inmigrantes no ciudadanos, ha encendido las alarmas. Aunque aún en debate, este proyecto plantea una seria amenaza para millones de familias dominicanas que dependen de cada dólar enviado desde EE.UU. A la vez, cuestiona la estabilidad de una economía nacional excesivamente dependiente del trabajo de sus hijos en el exterior.
Este potencial impuesto, dirigido exclusivamente a quienes no son ciudadanos estadounidenses, afectaría a una mayoría de la diáspora dominicana en EE.UU., compuesta por residentes legales, indocumentados y portadores de visas temporales.
Se calcula que más del 60% de los remitentes no poseen ciudadanía estadounidense, por lo que el impacto podría ser inmediato y profundo en caso de aprobarse.
Consecuencias
Las consecuencias proyectadas son diversas. En primer lugar, el costo del envío de dinero se incrementaría drásticamente, pasando en muchos casos de tarifas promedio de US$3-6 a cargas adicionales de US$10 o más por cada US$200 enviados. Esto reduciría el flujo neto de recursos a las familias, debilitando su capacidad de consumo y su acceso a salud, educación y vivienda.
En segundo lugar, la respuesta de los migrantes podría inclinarse hacia el uso de métodos informales o criptomonedas, con menos control estatal, pero también con mayores riesgos de fraude. Plataformas como Binance o Strike han crecido entre jóvenes migrantes, permitiendo transferencias en USDT (Tether), pero su masificación en comunidades tradicionales aún enfrenta barreras tecnológicas y legales.
A nivel nacional, la economía dominicana podría enfrentar una desaceleración en sectores altamente influenciados por las remesas, como el comercio minorista, la construcción informal, y los servicios. Zonas como el Cibao Central, tradicionalmente receptoras de remesas, mostrarían una contracción en su circulación monetaria, lo que ampliaría las desigualdades territoriales.
De manera prospectiva, el país se enfrenta a una disyuntiva: seguir dependiendo estructuralmente de las remesas o iniciar una transición hacia un modelo productivo interno. Esta propuesta fiscal estadounidense debería servir como un llamado de alerta para repensar las bases del desarrollo dominicano, diversificar la economía y fortalecer las redes de protección social interna.
Alternativas digitales como Wise, Revolut, Remitly y Xoom seguirán ofreciendo opciones para envío de remesas con tarifas más bajas y mayor trazabilidad. Sin embargo, en el mediano plazo, el país debe tomar medidas para integrar estas soluciones en estrategias de inclusión financiera, fomentando que los receptores de remesas las usen no solo para el gasto diario, sino también como palanca de ahorro, inversión y educación.
La amenaza de un impuesto a las remesas también despierta la necesidad de un frente diplomático latinoamericano. México, El Salvador, Honduras y la propia República Dominicana deben unirse para rechazar políticas que penalizan la solidaridad migrante y obstaculizan el flujo económico más estable que reciben sus economías.
A mediano y largo plazo, lo ideal sería que las remesas no sean vistas como un «sustituto de Estado», sino como una fuente complementaria al desarrollo. Para ello, deben crearse mecanismos fiscales e institucionales que canalicen parte de esos fondos hacia proyectos comunitarios, cooperativas, microempresas y fondos de capital semilla.
El año 2025 puede marcar el inicio de un nuevo capítulo en la historia de las remesas dominicanas; uno que no sólo evalúe su volumen, sino también su calidad, su uso estratégico y su dependencia estructural. Una economía verdaderamente resiliente no puede depender eternamente de la migración como escape económico.
El debate sobre las remesas debe ir más allá del temor a la pérdida de dólares. Es, en esencia, una conversación sobre soberanía económica, equidad territorial y el derecho de los pueblos a construir bienestar desde dentro, sin que su principal fuente de ingreso dependa del trabajo precarizado fuera de sus fronteras.
